Limítese a su casa señor presidente
Hace años que en la discusión pública de México se intenta construir un mensaje que, si bien parece sencillo y no muy peligroso, en la realidad representa un riesgo que puede terminar por constituir un fenómeno político que empiece a someter a los ciudadanos, a la oposición y las incipiente democracia maltrecha y prostituida que tenemos en el país.
Ante la crítica y las investigaciones de corrupción que se han expuesto públicamente por algunos periodistas y medios de comunicación en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador responde con descalificaciones hacia el medio, el periodista o los reporteros que exponen el hecho. No importa que sean temas profundos y bien sustentados y las desagradables conjeturas que nunca terminan por ser desarticuladas, pero que en realidad no aportan a la discusión pública sobre el qué hacer de los funcionarios públicos.
Es decir: las casas de Barttlet, las casas del hijo del presidente, los sobres con efectivo que reciben los hermanos del presidente o los contrataos de la prima del presidente con Pemex son artículos que, aunque nos moleste el autor o el medio, exponen sucesos que deberían resultar en investigaciones y sanciones o por lo menos en explicaciones claras después de una indagatoria judicial.
Los terrenos para sembrar cacao, las bolsas de Yeidckol Polvensky, los recursos de Morena y los apoyos que recibió la campaña de Andrés Manuel López Obrador por personajes como Cuauhtémoc Blanco, hoy señalado de sostener amistades no muy apropiadas para un gobernante; son conjeturas que no han sido demostrada fehacientemente pero tampoco desmentidas con claridad. Conjetura y declaración oficial navegan en el entorno informativo de México.
Ante estos sucesos es criticable la reacción del presidente de México desde su rueda de prensa matutina en donde responde a estos hechos con descalificaciones, adjetivos y sin documentos probatorios de sus dichos, excepto su propia palabra. El Presidente de México responde con descalificaciones hacia los expositores de los posibles hechos de corrupción, pero no como lo mandata la constitución en el artículo 89, fracción XII: “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones”.
La corrupción es un delito en México, el presidente debería facilitar a la Fiscalía los documentos y pruebas que faciliten la sanción y/o el esclarecimiento de un posible malentendido, más nunca, como titular del Poder Ejecutivo, tiene Derecho a usar los recursos públicos, los estrados públicos y su embestidura para denostar a otro ciudadano.
Ante esta segunda crítica al desenvolvimiento del presidente surge la justificación de sus defensores: “El presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo uso de su Libertad de Expresión, porque él también tiene Derecho”.
En pocas palabras: AMLO responde con agresiones porque tiene libertad de expresión y sustenta la falta de datos y pruebas en su autoridad porque es el presidente.
Un presidente tiene derecho a la Libertad de Expresión
La libertad de expresión de uno de los Derechos Humanos y es, desde mi muy particular punto de vista, el más importante que tenemos los ciudadanos de las democracias. Sin libre expresión no podemos exigir respeto al resto de Derechos, aunque estén plasmados en letras de oro en las paredes de los Poderes Legislativos. La libertad de expresión le permite al ciudadano exigir de sus gobernantes un determinado resultado, señalar sus inconformidades por el desempeño de sus funcionarios, reprender en la esfera pública un fallo o mal actuar de una autoridad.
Pero además, el Presidente de México, como titular del Poder Ejecutivo no necesita libertad de expresión porque al ejercer como funcionario público se limita a lo que la Ley le faculta según el principio de legalidad, el presidente tiene la facultad de afectar al ciudadano en mayor medida que el ciudadano al presidente. Con cada publicación ha quedado demostrado: Andrés Manuel López Obrador sigue siendo presidente y lo será hasta el 2024, en cambio sus dichos y señalamientos sin sustento representan el ataque de una autoridad a un ciudadano que ejerce un Derecho Humano como la libertad de expresión.
No hay forma de comparar la diferencia. El impacto en la política o en la carrera política de un presidente por las críticas a su desempeño o a las relaciones de su familia con el Poder mismo no impactan de igual forma que el dicho de un presidente en contra de un periodista y menos si para ello utiliza los recursos públicos y su propia trascendencia como líder de una nación.
Pero además, los Derechos Humanos son “el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona” y además es el Estado el responsable de velar por su cumplimiento y respeto, según lo dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces el presidente, como titular del Poder Ejecutivo debe salvaguardar el Derecho a la libertad de expresión, aunque sea él quien resulte cuestionado.
Como ciudadano mexicano sus Derechos Humanos están salvaguardados ante cualquier abuso por parte de una autoridad que le impida ejercerlo o a alguien de su familia, pero el presidente, mientras ejerce su mandato como titular del Poder Ejecutivo no puede agredir a periodistas o activistas por ejercer los derechos que ellos poseen ante el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ahora bien, es lógico que AMLO no deja de ser ciudadano mientras ejerce como presidente, pero sus Derechos Humanos como ciudadano los puede ejercer sólo mientras no ejerza como presidente y eso, de aquí al 2024 existe sólo en su entorno íntimo, que por su propio gusto es Palacio Nacional.
Nada más peligroso que poner a una autoridad en igualdad de Derechos que un Ciudadano sin retirarle el Poder que le confiere el mismo Estado. Un agente policiaco no puede ir por la vía pública insultando a una autoridad justificado en su Libertad de Expresión y, con sus debidas proporciones, tanto el agente policiaco como el Presidente de una nación son servidores públicos sometidos a lo que la ley mandata.
