Confianza en las personas
No es posible concebir cambios sociales sin comprender que son humanos quienes toman decisiones y por ello debemos garantizar la libertad en el actuar y no regular el desempeño para garantizar la existencia del puesto sino evaluar el desempeño para garantizar la permanencia del cargo.
Resulta complicado concebir los cambios en el entorno político sin aceptar que las decisiones en el qué hacer de los Gobiernos está regulado y definido por leyes. Un funcionario público está limitado por lo que la Ley le permite o le indica que debe de hacer, mientras que los ciudadanos están facultados en hacer lo que la Ley no les impide, ese equilibrio es importante de ahí dependen los servicios y/o beneficios que podemos recibir de nuestras autoridades.
Los funcionarios públicos cumplen una función en beneficio de la sociedad, su única razón de ser depende de su desempeño en beneficio de los ciudadanos, si no es así su puesto, el salario y beneficios que perciben del recurso público que a su vez se genera con base en impuestos y pagos que la ciudadanía hace a un Gobierno, no tiene razón de existir.
Empezamos a comprender el equilibrio; si un ciudadano paga un impuesto o un Derecho a un Gobierno es porque la persona que desempeña un puesto dentro del aparato de Gobierno facilita el ejercicio del Derecho o protege el ejercicio del mismo, si no es así estamos ante un conflicto que terminará en problemas más complicados. Por ejemplo: Un agente de la Policía recibe un salario del recurso público que se genera del pago de impuestos porque su función es la protección del ciudadano mismo, su propiedad -al menos así se entiende- su integridad y el orden en el espacio público. La Ley le confiere al agente policiaco determinadas facultades y limitantes, es así como el oficial puede intervenir en un conflicto porque la Ley lo establece, pero no debe molestar a un ciudadano sin una razón justificada y esto es también porque la Ley así lo establece.
Un ciudadano, a diferencia de un agente policiaco, puede hacer cualquier cosa que la Ley no determine como ilegal y si se mantiene dentro del orden establecido por los códigos y reglamentos un agente policiaco no tiene por que intervenir en su vida o molestarlo sin una razón determinada por Ley. Al menos eso es lo ideal y si lo ponemos en duda la razón termina siendo la misma, pero eso lo escribimos en otro espacio.
¿Qué sucede en realidad? Hemos generado tanta norma que hoy necesitamos a un policía que se haga cargo de vigilar al policía que debe cuidar el espacio público y ahora es mejor que el policía de contacto con la ciudadanía se mantenga al margen de conflictos porque el policía del policía puede sancionarlo si considera que su actuar es incorrecto. El policía del policía tiene un puesto público que no tiene un beneficio directo, pero en teoría sí protege el interés del ciudadano, ahora bien, su puesto no depende de su capacitación en Seguridad Pública sino en su habilidad para desarrollarse en el sector burocrático y aquí empezamos a introducir la política.
El policía del policía cuidará la estructura burocrática, no el desempeño policiaco, si hay quejas porque los agentes son duros en su actuar y eso afecta la estructura burocrática entonces el agente policiaco de la calle deberá cambiar o ser sancionado, aunque el actuar del agente sea el necesario para mantener el orden en el espacio público; es decir, si el policía molesta al ciudadano al hacer cumplir la Ley y eso genera una crisis social que confronta a la corporación con los ciudadanos, el desempeño en el trabajo del policía del policía es cuestionado y por ello se deben ajustar las estructuras porque lo correcto es que el mando superior garantice la estabilidad de la corporación como institución pública, aunque para ello la función principal deba ser diluida o incumplida.
Así llegamos a casos como los autos ilegales (carros chuecos o chocolates) que circulan en las ciudades de México. Las leyes dicen que está prohibido circular sin placas de identificación de automóviles oficiales (Art. 233, 232 de la Ley de Transito del Estado de Sonora y Artículo 3 del Reglamento de Tránsito de Hermosillo, Sonora, por ejemplo) pero retirar esos autos afecta el desempeño de la burocracia con reacciones sociales que dañan la política y no la seguridad de los ciudadanos. Por lo tanto el policía de la calle incumple con su función para evitar una crisis en el sector burocrático provocada por una crisis política.
El sistema funciona para cuidar la estructura de Gobierno porque nos hemos empeñado en generar Gobiernos fuertes y cada vez que modificamos una Ley generamos un candado más en las libertades de las personas. Cuando exigimos regulaciones para poseer un auto y aplicamos más impuestos a los procesos de producción creamos costos cada vez más elevados que convierten en opción viable poseer un auto ilegal, entonces el juego se repite: El oficial de la aduana acepta el paso, el oficial de las vías federales acepta el paso y los ciudadanos que deciden actuar conforme a la Ley aportan los recursos para sostener los salarios del aduanero, del oficial de carreteras y del oficial de su ciudad que deben aceptar incumplir la ley y permitirle a otro ciudadano tener un auto que no ha pagado un solo impuestos por circular en las mismas calles que se financiaron con los impuestos del poseedor del auto legal.
Todos los actores en el proceso saben que es incorrecto, según la Ley. Lo que sucede es que la realidad no se define por el anhelo del bienestar definido en la Ley, sino en la búsqueda del bienestar de cada persona que a su vez requiere soluciones reales y prácticas a sus necesidades, por eso seguimos viendo autos ilegales en México. El poseedor del auto ilegal financia el paso del auto desde la frontera hasta el punto de compra y sabe que tendrá que jugar el juego de la corrupción para mantener su auto en territorio mexicano, pero dependerá de su desempeño como conductor y quizá nunca sea molestado por un agente policiaco. Pareciera que es más económico, pese a la corrupción, poseer un auto ilegal que uno nacional.
Nada cambiará porque cambiamos las personas, todos los actores del proceso son humanos con intereses personales y anhelos que sólo ellos conocen. Se necesita liberar las decisiones de cada persona involucrada en el proceso de adquisición de un auto legal o ilegal de la presencia de los Gobiernos, comprar un auto en Estados Unidos y llegar con documentos que garantizan su propiedad a una ciudad de México no debiera ser un problema, sin embargo es un conflicto solo porque no cumple con el pago de impuestos en el país donde radica el poseedor y no por el carro en sí mismo. Es el poseedor y sus obligaciones con el fisco el problema y si ese mismo poseedor adquiere un auto nacional entonces el problema desaparece, por lo que el conflicto real es el fisco y no el poseedor ni el automóvil.
¿Qué cambia entre un auto de segunda ilegal y uno nacional? Un auto con características similares tiene una variación de precio que llega a los 70 mil pesos mexicanos. Tomemos como ejemplo un auto Nissan, Sentra modelo 2010: En Phoenix, Estados Unidos, el precio de oferta en línea llega a los 133 mil 257 pesos (calculado con el valor del dólar del 24 de enero de 2022) mientras que en Hermosillo, Sonora, México un auto similar, misma marca y modelo se vende entre 62 mil y 75 mil mil pesos según el precio en el marketplace de Facebook. Incluso el precio más económico de un auto similar, pero en Colorado, EU, cuesta 158 mil 689 pesos. hasta 80 mil pesos más que el auto nacional.
Sumemos los costos de entrada y viaje, además del costo de la corrupción en el precio final. La diferencia radica en el gusto del comprador, no pagar los impuestos estatales. ¿Qué cambia entre una opción y la otra? ¿Cuántas leyes incumple un auto ilegal? ¿Por qué hay ciudadanos que por gusto incumplen la ley? ¿Por qué la ley no soluciona esa diferencia?.
Respuestas puede haber decenas de miles, pero la causa es una, la intervención de la ley en una decisión personal. Es un individuo que quiere un auto y lo desea adquirir a su gusto aunque sea más caro, la ilegalidad del mismo radica en leyes creadas para regular una decisión, pero esa regulación no impacta en la seguridad de alguien más, excepto porque el Estado mexicano, a través de cualquiera de sus oficinas y sus más de 5 millones de burócratas son incapaces de tratar como iguales a los poseedores de dos autos similares pero que uno incumple con sus reglas y el incumplimiento no termina en sanción, sino en permisividad y todo por el bien del sistema burocrático y no del ciudadano. Ninguno de los dos.
El ejemplo de los autos ilegales en México retrata perfectamente como las leyes y la búsqueda del bienestar social genera un trato desigual ante la ley de los ciudadanos del mismo país, provoca la corrupción desgasta la instituciones y pese al mejor de los deseos, fomenta la ilegalidad, inseguridad y la aparición de mercados que, si tienen color, es sólo por el juicio generado por los únicos afectados en el incumplimiento de la norma: los funcionarios públicos.
Aprendamos a confiar en que las personas sabrán encontrar las mejores opciones para la solución de sus problemas y exijamos a los Estados menos interferencia y regulación de las decisiones de sus ciudadanos, pues comprar un auto, un alimento, solicitar un servicio y trabajar no deben ser intervenidos por terceros que ni siquiera buscan el beneficio real de los involucrados en el proceso sino vivir justificando su existencia con base en la absurda idea de que no sabemos cuidar de nosotros mismos..
